Los que usen programas como eMule o BitTorrent en el Reino Unido (y son más de seis millones) pueden tener los días contados. El cerco que está construyendo en torno a ellos la industria discográfica y las entidades de gestión de derechos es ya asfixiante. El último capítulo de esta guerra a muerte contra los usuarios de programas de intercambio de archivos p2p (peer to peer) ha sido la carta remitida por British Phonographic Industry (BPI) a los proveedores de acceso a Internet (ISP) conminándoles a que si en 14 días no toman medidas contra los clientes que realizan descargas masivas emprenderá acciones legales.
La BPI, la asociación de gestión de derechos más importante del Reino Unido y que defiende los intereses de la industria discográfica, señala que las compañías de acceso a Internet tienen que empezar a tomarse en serio el problema de las descargas “ilegales”, y que su misiva sólo trata de a concienciar a las ISP.
La BPI quiere que se aplique el llamado modelo de los tres-strikes, que permite la legislación británica: primero el ISP avisa al infractor que realiza descargas p2p; luego se le interrumpe la conexión temporalmente si no hace caso a los avisos, y por último se le desengancha de la red definitivamente.
Las ISP británicas están divididas a propósito de esta legislación. Tiscali, que cuenta con 3,5 millones de clientes, accedió en un principio a las demandas de las asociaciones de gestión de derechos. El pasado verano desconectó a 24 clientes que utilizaban programas de intercambio de archivos para bajarse canciones. Pero tras la avalancha de quejas y la amenaza de muchos de sus clientes de que se iban a dar de baja, cambió su política y no volvió a remitir avisos. Virgin Media reconoció la semana pasada que estaba en negociaciones con las asociaciones de gestión de derechos para aplicar algún tipo de control sobre los usuarios de p2p.
Sin embargo, la más beligerante ha sido Talk Talk, el tercer ISP británico. Su consejero delegado, Charles Dunstone, quien, tras calificar de “grosera” la misiva de la BPI, ha advertido que “nadie le va a decir a nuestros clientes lo que tienen que hacer y lo que no”. Dunstone considera que la industria discográfica quiere cargar a las telecomunicaciones el fracaso de su política a la hora de adaptarse a los nuevos formatos digitales y la revolución que ha supuesto Internet para los contenidos audiovisuales.
La legislación británica no reconoce, como sí lo hacen la de España y Francia, el derecho a la copia privada, por lo que no hay ningún tipo de canon compensatorio. La BPI, que actúa como la Sociedad General de Autores (SGAE) española, quiere crear una red de agentes para detectar los IP (el número de identificación de cada conexión) desde los que se realizan las descargas masivas y avisar al ISP, que se encargaría de advertir a su cliente para que cese su actividad.
En España, las entidades de gestión quieren que se aplique un modelo similar de vigilancia y corte de suministro, aunque, por el momento, sin éxito. De hecho, intentaron introducir un articulo (el famoso 17 bis) en la Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información, pero los grupos parlamentarios rechazaron sus pretensiones. En España, no es delito las descargas siempre que no tengan un fin lucrativo (top manta, venta pirata, distribución por Internet previo pago, etcétera), según una instrucción de la Fiscalía General del Estado.
La UE trabaja en la armonización de las legislaciones acerca del p2p pero, por ahora, no hay ni siquiera un principio de acuerdo entre los miembros sobre el calendario de trabajo y, menos aún, un borrador sobre la regulación. El único país del mundo en el que se persiguen las descargas por p2p es Japón, aunque muchos de los expedientes resueltos en las vías administrativas han acabado en los tribunales.
Vía: ElPais
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